Una extrabajadora del Punto Municipal de Violencia de Género del Ayuntamiento de Alcobendas recibe represalias por  denunciar presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos a una entidad con la que una funcionaria pública tiene relación directa

Durante seis meses I. L ha sido asesora jurídica del Punto Municipal de Violencia de Género de dicho municipio madrileño. Un trabajo que ha desempeñado con verdadera vocación así como con la responsabilidad y sensibilidad que requiere un puesto así. Y es que, quien hoy es colegiada del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, sabe muy bien qué es la violencia de género porque la padeció y sufrió en primera persona.

Su puesto laboral podría haberse renovado, pero no fue así.  Mientras que el resto de sus compañeras de la subcontrata para la que trabajaba han ampliado contratos con la nueva empresa adjudicataria, el suyo no ha tenido la misma suerte. ¿La razón? Alzar la voz contra presuntas irregularidades en la contratación pública y denunciarlas a su responsable directa.

Nuria Coronado Sopeña

Y es que esta abogada, además de denunciar el presunto despilfarro del dinero proveniente del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, también manifestó “el uso indiscriminado del término violencia de género” que se hacía desde el recurso para calificar “cualquier proceso de separación conflictivo, cualquier contienda por la guarda y custodia, o cualquier enfrentamiento judicial entre las dos partes de una pareja”. Algo que para esta denunciante “es jurídicamente inexacto y socialmente irresponsable. Equiparar ambos escenarios no es solo una falacia conceptual, sino una forma indirecta de negar la existencia real y brutal de la violencia de género”, explica.

Así las cosas, dicha ex trabajadora, tuvo conocimiento a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público, de la existencia de tres contratos menores (de un importe de 14.950€ cada uno de ellos) adjudicados durante dos años consecutivos a la Asociación en Prevención y Asistencia de la Violencia, entidad relacionada directamente con una de las funcionarias del Punto de Violencia. Dicha organización, como puede verse en su web, además de no estar especializada en violencia machista, sino solo “en violencia”, dice “no tener ánimo de lucro”.

El objeto del contrato, tal y como aparece publicado en la Plataforma,  es un “proyecto terapéutico de fin de semana en la sierra de Madrid para mujeres usuarias del punto municipal del Observatorio Regional de Violencia de Género, desarrollado a través del servicio de Igualdad de Oportunidades del Área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Alcobendas”.

Por ello, esta letrada hizo lo que cualquier ciudadana y trabajadora honesta haría. “Simplemente pregunté y pedí explicaciones, y más aun siendo abogada, no podía mirar para otro lado”. Por ello envió un correo a su responsable advirtiendo “del posible conflicto de intereses que podría existir al autorizar el viaje de la funcionaria con gastos pagados a cargo del contrato público”, así como “la total opacidad con la que se había desarrollado la adjudicación de los contratos a dicha asociación”. 

Finalmente, concluyó su mail advirtiéndole, que las manifestaciones en él contenidas, las hacía bajo el paraguas protector de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, que obliga, entre otras cosas, a proteger la identidad de la persona informante y a no tomar represalias contra ella. Justo lo contrario de lo que ha sucedido en su caso.

Una misteriosa aparición

La reacción de su directora, “además de no respetar el secreto debido como denunciante de las presuntas irregularidades, fue la de reprenderme y someterme a un aislamiento social dentro del entorno de trabajo, ignorándome y excluyéndome de reuniones y todo tipo de eventos”.

Además, tal y como la denunciante relata, “nada más leer mi email el viernes 13 de junio a las 14.55 horas, la responsable del servicio me recriminó mi acción y me dijo literalmente que cuestionar la legalidad del contrato y a una compañera era algo muy feo. Me aseguró, que todo era perfectamente legal, y que el contrato no había salido a concurso público ni se había publicado porque se trataba de un contrato de exclusividad y que la funcionaria (miembro de la asociación beneficiaria del contrato) iba en concepto de voluntaria”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las explicaciones, lejos de convencer a I. L, le hicieron saltar aún más las alertas. No solo por la forma de la adjudicación, sino por las formas en las que fue ejecutado. Por ello la ex trabajadora, tras examinar la Instrucción Municipal que detalla el procedimiento de Adjudicación de contratos menores aprobada por el propio pleno del Ayuntamiento de Alcobendas del 5/4/2024, seguía sin entender cómo un contrato así tuviese que ser adjudicado a una determinada entidad en exclusividad.

Lo curioso es que “tan solo una hora y media después de haber leído mi e-mail, concretamente a las 16.38 horas del mismo viernes 13 de junio, se publicó el hasta entonces desconocido contrato en la plataforma de contratación del sector público. Acto seguido, se dio orden a la funcionaria miembro de la asociación adjudicataria de que no participara en el viaje objeto del contrato”, relata.

Tras el cambio de planes la pregunta que le surgió a la ex trabajadora es cómo, si todo era tan legal, “¿por qué tras leer mi e-mail se dio orden a la funcionaria de que no subiera al autobús en el último momento? Y es que, al parecer, la funcionaria se quedó con la maleta preparada y todo organizado para celebrar su cumpleaños ese fin de semana en el hotel objeto del contrato".

Las otras ofertas

Además, tras preguntar a una de las supuestas entidades a las que se les pidió oferta, según dice el anexo publicado en la plataforma de la contratación pública, “la propia directora de la entidad me jura y perjura que ella no recibió ninguna petición de oferta por parte del Ayuntamiento de Alcobendas”. Tal y como se puede ver en la propia licitación solo se presentó una oferta.

Un modus operandi que para esta jurista nunca es apropiado, pero mucho menos, en un lugar como es un Punto de Violencia Municipal. “Quiero dejar claro, que todo el aislamiento, descrédito como profesional y presiones veladas para que no hable, que he sufrido estos días, unido a la vulneración de la confidencialidad, y a la orden de no renovar mi contrato como asesora jurídica del Punto, que ha sido dada a la nueva empresa adjudicataria del Servicio, constituyen practicas a mi modo de ver, contrarias a lo que establece la Ley de Protección al informante”, añade. Al parecer, la nueva empresa adjudicataria de la licitación, que ha renovado el contrato al resto de compañeras, menos a la denunciante, aún no ha enviado a ninguna otra abogada para cubrir el puesto vacante a fecha de esta publicación, con el consiguiente perjuicio para las usuarias del recurso.

"Que se sepa la verdad"

Por ello, tras denunciar también con esta información al Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid los hechos, la jurista acudió al Pleno Municipal de Alcobendas celebrado el pasado jueves 25 de junio, a contar lo sucedido. Durante su intervención I. L informó de “las represalias sufridas por el mero hecho de denunciar lo que creía que debía ser investigado" así como el perjuicio que, a nivel personal, le ha supuesto “que la máxima responsable de este servicio público, a la que yo había confiado mis dudas sobre la legalidad de todo lo que rodeaba a estos contratos, no respetase la confidencialidad que mi denuncia exigía, poniéndome en una situación de señalamiento ante el resto de las compañeras del Punto y ante mi propia jefa directa y responsable de la empresa que me contrató”.

Además, I.L expresó que entendía “que los hechos relatados les puedan parecer poco importantes comparados con los graves casos de corrupción que azotan al gobierno de nuestro país, pero estoy segura, de que todos esos casos que tanto nos alarman ahora, empezaron con cosas pequeñas, quizás con contratos menores como estos, en los que se silenció y se eliminó de la ecuación, a las personas que como yo, tan solo cuestionaron y preguntaron por el cumplimiento de la legalidad. ¡Y esto, señoras y señores, es muy grave!”.

Su parlamento acabó con una pregunta a la alcaldía del Ayuntamiento de Alcobendas: “¿De verdad quieren gobernar una Administración Pública en la que, cuando una trabajadora denuncia una presunta irregularidad en lugar de ser protegida, se convierte en el verdadero objetivo a perseguir? ¿Tienen la seguridad de que se está cumpliendo taxativamente la normativa en la adjudicación de los contratos menores que se desarrolla en el área de Bienestar Social, para que esto no se les convierta en un chiringuito?”.

Tras sus palabras, la repuesta de la concejala del Partido Popular responsable del área de Bienestar Social de la que depende el Punto de Violencia Municipal, Concepción Villalón Blesa, “fue negar las evidencias sin más, y afirmar que todo se había hecho dentro de la pertinente legalidad. Afortunadamente, distintos grupos políticos de la oposición se interesaron por mi denuncia y se comprometieron a pedir explicaciones al gobierno de la alcaldía e investigar lo sucedido”, finaliza.