Cada vez son más los informes que indican que el contagio social de lo trans entre menores sigue creciendo sin parar. Y es que, la Disforia de Género de Inicio Rápido (DGIR), el fenómeno que en 2018 Lisa Littman, investigadora de la Universidad de Rhode Island (Kingston, Estados Unidos) bautizó y validó como tal con los cerca de 2000 informes recopilados en su consulta de madres y padres que reconocían como sus adolescentes -a pesar de no haber manifestado nunca estar a disgusto con su sexo u orientación sexual- repentinamente se identificaban como trans; es una alarma que por sus consecuencias irreversibles, no se puede tapar ni tampoco ignorar.
Basta ver los datos presentados por Confluencia Movimiento Feminista sobre el modelo afirmativo en España o leer De hombres adultos a niñas adolescentes realizado por Feministas de Catalunya, donde se alertaba de cómo en dicha comunidad autónoma creció hasta en un 5700 % el número de casos de niñas preadolescentes y adolescentes con disforia de género tratadas en el Servei Trànsit -la unidad del Institut Català de la Salut- entre 2015 y 2021, para ver la envergadura de la situación.
Ahora es el Observatorio Feminista Galego, quien a través del informe titulado Una pandemia invisibilizada: niñas que no quieren ser mujeres, denuncia que la cifra de menores gallegas que abjuran de su condición de mujer y se autoidentifican como trans ha ascendido hasta en un 2000 por ciento.
La cifra se ha extraído a partir del análisis de los datos oficiales que esta asociación feminista ha obtenido sobre pacientes que se han dado de alta con diagnóstico de “Trastorno de la identidad sexual” en el Servizo Galego de Saúde SERGAS (entre 2016 y 2024). “A la vista de nuestros datos podemos decir que el escándalo mundial del contagio social continúa, dado que el incremento en el número de altas hospitalarias por Trastornos de Identidad Sexual ha tenido un aumento de enorme magnitud en los últimos años. No obstante, los datos aportados por el SERGAS no son directamente comparables con los datos que figuran en el Informe Trànsit, ya que en ese informe los datos aportados son los de personas atendidas por el Serve Tránsit de Catalunya”, explica Diana Barcia, presidenta de Observatorio Feminista Galego.
Una realidad global
Unos incrementos que tal y como describía el informe Cass - encargado por el gobierno y la sanidad británica a Hillary Cass, doctora pediatra expresidenta del Royal College of Paediatrics and Child Health y presidenta de la Academia Británica de Discapacidad Infantil- el sorprendente aumento de jóvenes que presentan incongruencia de género o disforia “debe considerarse dentro del contexto de la mala salud mental y la angustia emocional entre la población adolescente en general, particularmente dadas sus altas tasas de problemas de salud mental y neurodiversidad coexistentes”.
Al informe Cass hay que sumar The WPATH files. Pseudoscientific surgical and hormonal experiments on children, adolescents, and vulnerable adults donde se señalan las malas prácticas de la medicina de género a través de experimentos no regulados y pseudocientíficos con menores, adolescentes y personas adultas vulnerables. Una praxis que está llevando a cabo nada más y nada menos que la Asociación Profesional Mundial para la Salud del Transgénero (WPATH, por sus siglas en inglés), considerada mundialmente la principal autoridad mundial en medicina de género. De hecho, la Asociación Médica Estadounidense, la Sociedad de Endocrinología, la Academia Estadounidense de Pediatría y miles de médicos y médicas de todo el mundo confían en ella. Pero volviendo a Vigo, Diana Barcia recalca que, aunque los datos del informe gallego son solo de las altas “incluso sin poder conocer la situación real, las cifras referidas a las altas hospitalarias son alarmantes. La ausencia de información fiable acerca de un problema sanitario y social que afecta fundamentalmente a la infancia, es un hecho escandaloso y difícil de comprender”.
Así las cosas, el Informe muestra que:
entre 2016 y 2024 el número de personas dadas de alta fue de 593, siendo la distribución por sexo de un 49 % mujeres, un 51 % de hombres y un 0,84 % "indeterminado".
En este plazo el tanto por ciento de incremento fue del 1082. “Si segregamos por sexo, el incremento fue muy desigual: 2000 % en mujeres y un 600% en hombres. Siendo la evolución en el caso de las mujeres de un 0,51 en 2016; 4,72 % en el 2020 y 11,13 % en 2023. En cuanto a la distribución por edad, en el grupo de entre 15 a 44 años se registra un aumento del 900%. Debido a la agrupación en el rango de edades no se puede diferenciar entre infancia, adolescencia y adultos jóvenes”, comenta Barcia.
Si hablamos de las operaciones quirúrgicas entre 2018 a 2023 estas se incrementan en un 500%. “El total de las mismas es de 214 con una media de edad de 25 años. Se describen tres tipos: 176 para mama y pared torácica; 16 para aparato genital y perineal y 5 orales para cambio de voz”, añade.
Además, la presidenta, subraya cómo tras pandemia y el efecto que juegan las redes sociales y la propaganda transgenerista, la explosión del contagio social es aún peor en los años posteriores. “En varias de las entrevistas que hemos incluido en el informe se puede apreciar claramente. Tanto la psiquiatra, como la madre que nos cuenta el caso de su hija, señalan el confinamiento de la pandemia del COVID-19 con lo que esto supuso para la juventud agudizando su aislamiento, y la aprobación de la ley trans de 2023 a nivel estatal, como dos de los hitos que hicieron que los casos de la Disforia de Género de Inicio Rápido se disparasen. En los datos es precisamente cuando se ve el aumento más significativo”, dice Barcia.
Así las cosas, el informe del Observatorio Feminista Galego recalca que “en vez de garantizar el tratamiento psicológico a personas que sienten rechazo hacia su cuerpo, se les refuerza este malestar validando una creencia individual basada en la disociación corporal. No se trata el origen del malestar, los estereotipos sexistas, sino que se refuerza mediante procedimientos médicos experimentales, con consecuencias para la salud graves e irreversibles. Introducir en la infancia el concepto de la «identidad de género» aumenta las posibilidades de que los malestares psicológicos propios de la edad, o incluso diagnósticos más complejos, sean enmascarados y no se les preste la atención necesaria. Lo que se transmite en las aulas a raíz de este protocolo funciona como una pendiente resbaladiza”.
Oscurantismo oficial
El Observatorio Feminista Galego ha sudado lo que no está escrito para obtener los datos del SERGAS. “Cuando empezamos el proyecto dimos por hecho que no íbamos a conseguir que la Consellería de Sanidade nos entregase los datos. Anteriormente se los habían denegado a dos asociaciones de ámbito estatal por el mismo motivo, por su complejidad. Pero, pese a que a nosotras nos dieron también la misma contestación desde la Comisión de Transparencia, un mes después nos enviaron finalmente los datos que acabamos de publicar. Pero no nos conformamos, hace un mes los hemos vuelto a pedir con todas las puntualizaciones posibles para evitar que tengan las mismas carencias que los actuales. Ahora mismo tenemos que volver a poner la petición en manos de la Comisión de Transparencia y comenzar un proceso que en la anterior ocasión se alargó seis meses”.
El Observatorio, de no haberse hecho con los datos habría seguido el plan original: “recabar información propia, a través de entrevistas a familias y profesionales afectadas; y una encuesta a la población general sobre su conocimiento de la legislación gallega de contenido transactivista. Nosotras creemos firmemente que la población no conoce, ni puede hacerse a la idea de lo que implican estas leyes y protocolos”.
¿Cuándo comienza vuestro trabajo?
En mayo de 2024 solicitamos al Servizo Galego de Saúde (SERGAS) datos sobre los diagnósticos de “Disforia de género” registrados en el sistema de salud gallego. No obstante, la información entregada en diciembre de 2024 se refiere a “altas hospitalarias con trastornos de identidad sexual como diagnóstico principal o secundario”. Esta discrepancia impide la comparabilidad con otros informes similares ya que solo refleja una parte de los diagnósticos anuales: aquellos que requirieron hospitalización.
¿Quién tiene la máxima responsabilidad ante esta pandemia silenciada?
Creemos que es un problema que atañe a todo el sistema político en su conjunto ya que ha sido cómplice de esta situación, ya sea por acción, omisión o falta de voluntad. Es cierto que algunos partidos como el PP han comenzado a dar pasos ante el Tribunal Constitucional pidiendo declarar inconstitucionales algunos de los artículos de la Ley trans de 2023, pero mientras no se aborde este asunto de forma rigurosa, firme y global, cualquier avance seguirá siendo insuficiente. Es vital informar a la sociedad, porque sólo desde una ciudadanía bien informada puede generarse la presión necesaria para que las y los responsables políticos actúen con la urgencia y la seriedad que este tema merece.
¿Qué papel está jugando el PP en Galicia? ¿Una de cal y otra de arena?
Si simplemente observamos los hechos, hace tan solo un mes la Conselleria de Política Social aprobó en su Observatorio LGBTIQ+ una guía de Recomendaciones para adultos “trans” en atención primaria. Está firmada por cinco profesionales sanitarios y dos cargos políticos de la Consellería de Sanidade. En sus 25 páginas, entre listados de efectos secundarios que van desde cardiopatías a cáncer, se indica al personal de los centros de salud, incluido el personal administrativo y celadores, que deben “prevenir actitudes transfóbicas”. Todo indica que la guía está redactada desde un punto de vista y con un lenguaje propio de las asociaciones transactivistas que forman parte de dicho Observatorio LGBTIQ+, y no con el rigor científico necesario y esperable de una guía sanitaria.
Creemos que en la Xunta hay una duplicidad. Han delegado estas políticas en manos de activistas con intereses que chocan con los derechos de la infancia y los derechos de la o el paciente, mientras desde los despachos no se cuestionan qué implican estos contenidos que afectan a toda la población gallega. Nosotras queremos hacerles llegar nuestro informe y que escuchen nuestras preocupaciones. Exigimos a la Xunta de Galicia que lleve a cabo una investigación interna similar a la realizada en Reino Unido por la doctora Hillary Cass, que deje de realizar técnicas experimentales, y que derogue la Lei 2/2014, do 14 de abril, y el Protocolo Educativo de 2016.
Llama la atención que parte de la recopilación de los datos del informe provienen de los medios de comunicación gallegos
Hemos hecho un estudio de la hemeroteca de los medios gallegos en los últimos 15 años, que nos ha permitido tener una visión superficial que refleja la evolución de cómo se ha introducido el transgenerismo en los medios de comunicación de todo el mundo y el 2015 fue el año clave. Antes de esa fecha las noticias eran sobre hombres que exigían mediante demandas patrimoniales el pago de sus operaciones estéticas en centros privados a las arcas públicas, y cómo iban ganando estos juicios pese a las apelaciones de la Xunta. Después con el surgimiento de la asociación dedicada a la infancia, Arelas, el tono y el enfoque cambia. Se centran casi exclusivamente en la infancia envolviéndolo en epicidad e “hitos” sociales, apelando a la empatía, poniendo el foco en las y los menores de edad.
También antes se denegaba por parte del entonces conselleiro de Sanidade la creación de Unidades de género, hasta que en 2017 se inaugura la de Santiago de Compostela con extensos reportajes que intentan normalizar que los hospitales gallegos están dando medicación experimental y aprobando operaciones estéticas en personas sanas con graves consecuencias para su salud. Hasta el caso de Susana Domínguez no se salió de la narrativa habitual, que probablemente no hubiera existido si no fuera por la gran repercusión que tuvo su entrevista en El Mundo.
Junto a los protocolos reafirmativos “médicos” denunciáis que el factor educacional y lo que se transmite en las aulas al respecto funciona como “una pendiente resbaladiza”. ¿A quién le importan esas infancias y la de sus familias?
Creemos que a más gente de la que parece le importaría esta realidad. El problema es que la desinformación, el desconocimiento o incluso el silencio social dificultan que estas realidades salgan a la luz y se comprendan en toda su gravedad. Justamente este ha sido uno de los motivos por el que este informe existe: para visibilizar, informar y contribuir a que el debate público se base en hechos, testimonios y conocimiento, no en prejuicios o suposiciones.
El informe hace una predicción en los próximos cinco años y concluye que el contagio social seguirá afectando a menores de edad
Las predicciones basadas en los datos actuales indican una tendencia creciente, pero es necesario tener en cuenta que no se ha considerado ninguna variable (excepto los datos brutos de altas hospitalarias) a la hora de obtener las predicciones, por lo que cualquier modificación a nivel legislativo, social, mediático, etc. podría modificar las tendencias, tanto al alza como a la baja.
El valor añadido de vuestro trabajo son los testimonios finales
Sin duda estos aportan un valor muy significativo al informe. Son voces reales que ponen rostro a los datos y ayudan a comprender la dimensión de lo que se expone. Además, hay que destacar la valentía de quienes han dado un paso adelante para compartir sus experiencias. No es fácil hablar públicamente de este tema y su generosidad al hacerlo ha sido de inestimable valor.
¿Ahora con los datos en la mano hasta dónde vais a llegar?
Es fundamental exigir a las instituciones datos claros, completos y globales para poder comprender verdaderamente la dimensión del problema. La información que ha recibido nuestra asociación hasta ahora es parcial e insuficiente, lo que impide sacar conclusiones sólidas. Por ello, seguiremos reclamando a las autoridades transparencia y acceso pleno a los datos sobre las acciones que están llevando a cabo, con el fin de analizarlos rigurosamente y poder trasladar esa información de forma clara y detallada a la sociedad.
Las y los pacientes, sus familias, el personal sanitario y docente, y la sociedad en su conjunto, tenemos derecho a la información. Por un lado, de las devastadoras consecuencias de estas políticas aprobadas con el apoyo de los partidos políticos que conforman el Parlamento gallego; por otro lado, sobre las razones que han llevado a su aprobación. Estas políticas y protocolos no surgen de una necesidad real basada en la evidencia científica, sino de la presión de una serie de lobbies con importantes intereses económicos que, en una maniobra de ingeniería social, han logrado implantar una ideología para desarticular los derechos que protegen a las mujeres y la infancia. Desde el feminismo denunciamos con firmeza el carácter ideológico y deshumanizante de estos procedimientos médicos así como el sistema que los respalda. Sus víctimas son personas vulnerables que no cumplen las expectativas de los estereotipos sexistas que creíamos ya superados como sociedad. La solución que se les ofrece, basada en la medicalización, resulta inaceptable al implicar tratamientos irreversibles, de carácter experimental y con efectos altamente perjudiciales para la salud.
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